El caso ocurrido hace unos días en Torrelaguna (Madrid) ha vuelto a poner en entredicho el cumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género.
Desde hace años, tanto jueces como asociaciones coinciden en lo importante y necesaria que sería la intervención de los detectives privados en estos casos. Los detectives podrían acreditar posibles quebrantamientos de las órdenes de alejamiento, lo que permitiría modificar las medidas de protección de la víctima, que se cometieran nuevas agresiones y se evitarían nuevos costes para el Estado, como la pulsera electrónica o nuevas denuncias.
Los detectives privados llevan años aportando informes económicos y de solvencia por el impago de pensiones de los maltratadores a sus víctimas. En muchas ocasiones el maltratador alega escasez de ingresos, afirmación que queda desmontada tras la investigación al descubrir, por ejemplo, que tiene un coche de gama alta, un apartamento en la playa o que come y cena en restaurantes de alto nivel. Es lo que se llama «presunción de ingresos en base a signos externos de riqueza».
Contando con estos informes, más mujeres se atreverían a denunciar, ya que algunas no lo hacen ante la incertidumbre que albergan de poder quedarse sin recursos económicos.
Fuente: ABC
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