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miércoles, 10 de diciembre de 2014

Taxistas londinenses contratan detectives privados en su lucha legal contra Uber

Taxistas de Londres han contratado a investigadores privados para hacerse pasar por pasajeros dentro de la amarga batalla legal en la que se encuentran contra la aplicación de Uber.

La compañía, que opera en 45 países, ha causado una gran controversia entre los taxistas de todo el mundo. Lanzada en 2009, Uber se promociona como un servicio pensado para que los conductores puedan compartir sus vehículos a cambio de una compensación económicaSu aplicación permite a los clientes encontrar el conductor más cercano y los dirigen a su ubicación a través de GPS. Los conductores utilizan smartphones para encontrar y aceptar pasajeros y cobran por ello tarifas más reducidas.

Una asociación de taxistas londinenses consiguió reunir evidencias en marzo mediante la contratación de los detectives privados, que se hicieron pasar por pasajeros de Uber. Pero las acciones legales continúan.

Desde su despliegue en España, hace aproximadamente medio año, Uber se ha convertido en el objetivo de los taxistas. El gremio acusa a la firma estadounidense de competencia desleal, pues consideran que los conductores de Uber trabajan como si fueran taxistas pirata, prestando sus servicios sin licencia de ninguna clase y evitando el pago de impuestos.

La guerra contra Uber dista de alcanzar su resolución en nuestro país, pero la primera batalla la han ganado los taxistas. Dando por buenas las exigencias de la Asociación Madrileña del Taxi, el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha ordenado el cese cautelar de la actividad de la compañía estadounidense en España y la prohibición en territorio español de cualquier aplicación que permite hacer uso del dicho servicio.

Las medidas cautelares tendrán efecto una vez que la Asociación Madrileña del Taxi presente un aval de 10.000 euros en los tres días posteriores a la notificación de la resolución.

En el auto, el magistrado justifica las medidas cautelares exponiendo que "los conductores contratados carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor, y la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal".

Fuente: The INDEPENDENT

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